Por un país libre

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La Libertad cuesta muy cara, y es necesario, o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a pagarla por su precio - José Martí.

domingo, 5 de junio de 2016

Joaquín Balaguer y la oposición política en la transición democrática


“Navidad con Libertad”

Por Alejandro Paulino Ramos. 4 de junio de 2016 - 6:00 pm 
                                                                                               Fuente: www.acento.com.do
Al final las elecciones fueron celebradas en la fecha prevista, el 20 de diciembre de 1962, polarizándose la votación entre las dos principales partidos políticos del momento; la Unión Cívica Nacional y el Partido Revolucionario Dominicano. Juan Bosch, candidato perredeista
derrotó a Viriato A. Fiallo de la UCN


Primera parte

La salida de los Trujillo hacia el exilio, el 18 de noviembre de 1961 y la esporádica revuelta de oficiales de la Fuerza Aérea, permitieron al doctor Balaguer el aparente afianzamiento de su gobierno y apresurar las negociaciones con los partidos de la oposición, que presionaban ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para que las autoridades dominicanas tomaran medidas que facilitaran el clima de libertad que se comenzaba a vivir.
El 21 de noviembre llegó desde Washington una nueva comitiva de la OEA con el fin de investigar la situación política nacional y tratar con el gobierno los problemas que días antes habían denunciado Viriato Fiallo y Manolo Tavárez Justo; los líderes de la Unión Cívica Nacional y del Movimiento Revolucionario 14 de Junio que visitaron los Estados Unidos. Los miembros del organismo internacional visitaron al presidente Balaguer en su despacho el día 22, mientras buques de guerra americanos se encontraban en la costa dominicana en actitud abiertamente intervencionista.
Mientras tanto, los principales dirigentes de la UCN, del 1J4 y del Partido Revolucionario Dominicano se entrevistaron en Palacio con el doctor Balaguer y presionaron la formación de un gobierno provisional, buscando una solución de consenso a la crisis política que se vivía, a la vez que convocaron a una huelga general que se inició el día 27 noviembre y que finalizó el 9 de diciembre. Los titulares del periódico gobiernista La Nación, permiten apreciar la situación que se vivió en medio del paro general: “El presidente Balaguer lucha contra la huelga general”, “Huelga paraliza capital; tropas patrullan las calles”, “Usa bombas lacrimógenas contra manifestantes hoy”, “Fuerzas Armadas disparan para contener las turbas”, “Capital dominicana sigue agitada 3er día de huelga”, “dispersan turbas frente al palacio nacional hoy”, “Doctor Tavárez Justo cree gobierno encara resultados de huelga”.
El Consejo de Estado:
El 17 de diciembre la huelga llegó a su fin, con el compromiso del presidente de que los partidos de oposición participarían en la formación de una junta de gobierno integrada por ciudadanos eminentes, respetados en todo el ámbito nacional por sus virtudes cívicas. Ese gobierno, dijo Balaguer, permitiría la transición pacífica del sistema totalitario a otro de democracia representativa, lo que de inmediato fue apoyado por varias instituciones y gremios profesionales, pero reclamando a Balaguer la pronta ejecución de lo acordado.
La movilización popular y la presión internacional obligaron a una salida de consenso pactada entre las fuerzas cívicas y los remanentes del trujillismo. Un Consejo de Estado integrado por siete miembros y encabezado por el doctor Joaquín Balaguer gobernó República Dominicana a partir del 1 de enero de 1962, con carácter de gobierno provisional, comprometiéndose con las reformas democráticas. De esa manera miembros prominentes de la UCN pasaron a ser parte del Consejo de Estado. A él se integraron Rafael F. Bonnelly como primer vicepresidente; Eduardo Read Barrera, segundo vicepresidente, y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Nicolás Pichardo, Luis Amiama Tió y Antonio Imbert Barrera, como miembros. Tanto Imbert como Amiama estaban implicados directamente en la muerte de Trujillo. La formación del gobierno colectivo, que evidentemente favoreció a quien había acompañado al dictador desde la presidencia, permitió que la Organización de Estados Americanos levantara, el 4 de enero de 1962, las sanciones económicas y diplomáticas que pesaban contra el país desde el 20 de agosto de 1960; pero esto no logró detener las protestas callejeras con las que el pueblo exigía que Balaguer abandonara la presidencia. Las consignas retumbaban en las calles contra la permanencia de Balaguer en el gobierno, desde las últimas semanas de diciembre: “Balaguer, Balaguer, muñequito de papel”; “Navidad con libertad” y “Navidad sin Balaguer”, y en enero de 1962 se convirtieron en clamor nacional.
El Consejo de Estado promulgó la ley de autonomía universitaria el 8 de enero de 1962, a la que Balaguer se oponía personalmente. Además, el Consejo inició la “destrujillización” de la sociedad, plan con el que supuestamente se intentaba borrar la simbología de la dictadura; se expulsó del cuerpo diplomático a los que públicamente se habían destacados como seguidores del tirano y se dio inicio al proceso de confiscación de los bienes de los Trujillo. Además, fueron restablecidas las relaciones con los Estados Unidos, suspendidas desde 1960.
Los tres días de gobierno de Rodríguez Echavarría: 
La situación de crisis no cedió ni siquiera en los días navideños y el 16 de enero de 1962 se ampliaron las protestas en todo el país. Dentro de las Fuerzas Armadas, grupos que parecían antagónicos se encaminaban a favorecer salidas políticas. La situación resultó crítica cuando tropas de la Aviación Militar Dominicana reprimieron una manifestación que se efectuaba en el Parque Independencia, frente al local de la Unión Cívica Nacional. La acción represiva en la que fueron utilizados tanques de guerra y tropas militares, además de policías, dejó un saldo de cinco muertos y veinte heridos, provocando protestas callejeras en las que se reclamaba la renuncia del doctor Balaguer y la destitución del Mayor General Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, a quien se sindicaba como responsable de la medida de fuerza; pero la orden criminal había procedido del presidente de la República.
La situación fue parcialmente controlada cuando se dispuso el toque de queda a partir de las 6:30 de la tarde de aquel día. En horas de la noche del 16 de enero el General Rodríguez Echavarría ejecutó un golpe de Estado contra el Consejo de Estado (Rafael F. Bonnelly acusó a Balaguer de intentar un autogolpe) y formó una Junta Cívico-Militar, presidida por Huberto Bogaert e integrada por Armando Oscar Pacheco, Luis Amiama Tió, Antonio Imbert Barreras, Contralmirante Enrique Valdez Vidaurre, y el Coronel Neit Rafael Nivar Seijas. La asonada militar terminó por poner fin al liderazgo del doctor Balaguer en el Consejo de Estado, quien se refugió en la Nunciatura Apostólica la noche del 20 de enero, permaneciendo en condición de asilado hasta el 7 marzo de 1962 cuando salió hacia Puerto Rico.
Un nuevo Consejo de Estado pero sin Balaguer:
La crisis política y las protestas no finalizaron con la acción golpista del mayor general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, por el contrario a partir del día 18 de enero se inició un movimiento de resistencia popular contra la Junta Cívico-Militar que este había juramentado el 16 de enero. La reacción popular se manifestó a través de la renuncia masiva de los funcionarios y empleados de la administración pública y la paralización de las actividades sociales y económicas en todo el país, mientras sectores militares se rebelaban y ejecutaban un contragolpe contra el efímero gobierno de Rodríguez Echavarría, quien salió deportado del país en la mañana del 7 de marzo de 1962.
El viernes 19 de enero el país amaneció con un nuevo Consejo de Estado integrado por miembros destacados de la Unión Cívica Nacional, presidido por el abogado Rafael F. Bonnelly, el doctor Donald J. Read Cabral, Nicolás Pichardo, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Eduardo Read Barreras, Luis Amiama Tio y Antonio Imbert Barrera.
En marzo de 1962 el Consejo de Estado entró en crisis cuando Read Barreras renunció, siendo su lugar ocupado por el doctor José A. Fernández Caminero, quedando el nuevo gobierno integrado de la siguiente forma: Rafael F. Bonnelly como presidente; Víctor Elbys Viñas Román, Secretario de las Fuerzas Armadas, Ángel Severo Cabral en Agricultura, Antonio Rosario en Trabajo, Mario Penzo Fondeur en Obras Públicas, Edmundo Batlle Viñas en la Secretaria para la recuperación de los bienes, Eduardo García V., Procurador General, Ramón Tapia Espinal en Industria y Comercio, Hostos Fidel Fernández Naranjo en Salud y Previsión Social, Germán Ornes en Educación, José A. Bonilla Atiles en Relaciones Exteriores y M. Tabaré Álvarez Pereyra Secretario de Interior y Policía.
Entre las principales medidas adoptadas por el gobierno presidido por Bonnelly sobresalieron: el cambio de los billetes de banco de moneda nacional de 50, 100 y 1,000 pesos. Se pusieron en circulación billetes de bajas denominaciones de 5, 10 y 25 centavos, y se creó la Dirección Nacional de Seguridad, que reemplazó la Agencia Central de Información, remedo de lo que fue el Servicio de Inteligencia Militar. Se promulgó la ley de Emergencia número 5819 del 20 de febrero, para permitir la deportación de todo el que fuera acusado de actividades subversivas, como sucedió con Miguel A. Paulino y otros ex oficiales de las Fuerzas Armadas. Esta ley fue denunciada por Manolo Tavárez Justo como parte de un plan del gobierno y de los trujillistas para dividir las fuerzas populares, y fue una de las medidas impuestas por los Estados Unidos como condición para el país recibiera un préstamo de 25 millones de dólares. Tavárez Justo denuncio además, la existencia de una lista preparada por autoridades americanas en la que aparecían los nombres de las personas que no podían vivir en la República Dominicana.
A través de las leyes 5834 y 5836 de principios de marzo, se inició el proceso de recuperación y confiscación de los bienes de los Trujillo; pero el 8 de marzo se reiniciaron las protestas contra el gobierno en repudio por haber permitido la salida de Joaquín Balaguer al extranjero sin que fuera juzgado en el país. En esa ocasión los manifestantes atacaron los locales de la Unión Cívica Nacional y del Partido Revolucionario Social Cristiano, colaboradores del Consejo de Estado.
En relación al gobierno de los Estados Unidos, representado por su nuevo embajador John Bartlow Martin desde el 9 de marzo, el Consejo presidido por Rafael F. Bonnelly firmó el acuerdo para la implementar del programa de cooperación y ayuda en las Fuerzas Armadas. Además, el Consejo de Estado obtuvo un préstamo financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), contemplado en el programa de la Alianza para el Progreso, de 25 millones de dólares. También inició la repartición de tierras entre los campesinos pobres en la hacienda Juma de Bonao y se firmó un acuerdo con la Alianza para el Progreso para asentar familias campesinas de Juma, Caracol y La Vega.
El país ingresó como miembro a la Comisión Interamericana de la OEA y obtuvo el favor de los Estados Unidos, con la asignación de una cuota azucarera de 350 mil toneladas; la más importante obtenida por la nación hasta ese momento y además logró que las autoridades norteamericanas devolvieran a la República Dominicana unos 23 millones de pesos que fueron retenidos a consecuencias de las sanciones económicas de 1960. Descontando las medidas económicas apadrinadas por los americanos, la más importante del período fue la organización de las elecciones generales del 20 de diciembre de 1962.
La coyuntura electoral de 1962:
Cuando a mediados de julio de 1962 la Unión Cívica dejó de ser movimiento patriótico para convertirse en Partido, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio también hizo lo mismo. Entre los líderes del partido de izquierda se encontraban Miguel Vásquez Fernández, Tomas Josué Erikson, Félix Echavarría, Manuel Baquero Ricart, José Fernández Caminero y Ramiro Alfredo Manzano Bonilla. El 1J4 rechazó la integración de sus miembros en la UCN aunque dio libertad de cooperación con ese partido, pero sin compromisos. Además, debido a las acusaciones de comunistas de que eran objetos, se desligaron de esa ideología, planteando que tenían fe en la democratización, y que rechazaban las doctrinas extremas y la violencia.
En la medida que los sectores políticos participaban de la campaña electoral, las protestas fueron perdiendo intensidad, aunque en los meses de julio y septiembre de 1962 se realizaron algunas huelgas de trabajadores de ingenios de la región Este; pero todos los sectores tenían puesta su atención en el certamen electoral. Con ese fin, la primera agrupación política en inscribir sus candidatos en la Junta Central Electoral lo fue el Partido Revolucionario Dominicano. El 10 de marzo el Profesor Bosch salió del país en forma inesperada, debido una crisis interna en el PRD, pues un sector exigía la descentralización en la organización. El 22 de marzo fue inscrita su candidatura y el 8 de abril el PRD realizó un recibimiento multitudinario al Profesor Juan Bosch, a su regresó del extranjero.
Por otro lado, seguidores del doctor Joaquín Balaguer, quien se encontraba en el exilio, impedido de ingresar al país debido a la ley antitrujillista no.5880, del 3 de mayo de 1962, decidieron organizar el Partido Revolucionario Dominicano Autentico, dirigido por Nicolás Silfa. Esta agrupación y el Partido Acción Social presentaron al expresidente como candidato a la presidencia, lo que creo un gran revuelo. Nicolás Silfa fue detenido por violación a la ley que sancionaba las actividades trujillistas, quedando descartada la candidatura del doctor Balaguer.
Entre los partidos existentes al momento de las elecciones generales se encontraban: la Alianza Social Democrática, con el liderazgo de Juan Isidro Jimenes Grullon; el Movimiento Revolucionario 14 de Junio encabezado por Manuel Aurelio Tavárez Justo; Movimiento Popular Dominicano, dirigido por Máximo López Molina; el Partido Nacional con Virgilio Vilomar, y el Partido Nacional Revolucionario Dominicano, dirigido por Miguel Ángel Ramírez y Virgilio Mainardi como candidato. También actuaban en la política de entonces: el Partido Socialista Popular (PSP), dirigido por Juan Ducoudray; el Partido Nacionalista Revolucionario (PNR), dirigido por el Profesor Dato Pagan Perdomo y Corpito Pérez Cabral; Vanguardia Revolucionaria Democrática (VRD), de Horacio Julio Ornes, y la Unión Cívica Nacional, que llevó como candidato a la presidencia al doctor Viriato A. Fiallo. El Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), presentó como candidato al doctor Alfonso Moreno Martínez.
Los preparativos de los grupos políticos para participar en las elecciones se iniciaron en medio de un clima de inseguridad y conflictos diplomáticos. El 8 de marzo fueron atacados los locales de la UCN y el PRSC y el 22 el local del PRD, mientras que las relaciones entre República Dominicana y Haití se tornaron tensas debido a que en el territorio haitiano, se decía, se estaban concentrando allegados a la familia Trujillo, interesados en la posibilidad de un golpe de Estado en República Dominicana. Desde el 31 de marzo comenzaron los desórdenes callejeros y tiroteos en San Cristóbal, Puerto Plata, y la Capital, con un saldo de varios heridos y detenidos. El 23 de abril fueron detenidos varios oficiales y acusados por el Consejo de Estado de organizar un complot para derrocarlo. La prensa publicó que entre los detenidos estaban el Coronel Raimundo Polanco Alegría, el Teniente Manuel Durán Guzmán y el Teniente Fausto Cabrera Felipe.
La situación se hizo más tensa cuando el Profesor Bosch denunció, el 24 de abril, que existía un complot preparado por los trujillistas, en el que estaban implicados civiles y militares del bando balaguerista; esto provocó que se apresara a un grupo de supuestos conspiradores entre los que estaban Rafael Vidal Torres y Víctor Garrido.
La crisis pre electoral, que evidentemente se reflejaba a lo interno del Consejo de Estado y de la Unión Cívica Nacional, fue acompañada de una declaración del embajador americano en la que recordaba que los Estados Unidos respaldaban la transición hacia la democracia de la República Dominicana. En aquellos días, el intelectual Juan Isidro Jimenes Grullón renunció de la Unión Cívica Nacional para formar su propia organización. La UCN retiró por algunos días su apoyo al Consejo de Estado, acusándolo de no cumplir los acuerdos firmados.
Al final las elecciones fueron celebradas en la fecha prevista, el 20 de diciembre de 1962, polarizándose la votación entre las dos principales partidos políticos del momento; la Unión Cívica Nacional y el Partido Revolucionario Dominicano. Juan Bosch, candidato perredeista derrotó a Viriato A. Fiallo de la UCN, y aunque se dieron algunas situaciones preocupantes, como la “matanza de Palma Sola” del 28 de diciembre del mismo año, y un supuesto complot para evitar la toma de posesión de Juan Bosch, denunciado por el PRD el 24 de enero de 1963, el líder de ese partido ocupó la primera magistratura a partir del 27 de febrero de 1963, concluyendo así el intenso período de transición entre la dictadura y la democracia en la República Dominicana.
Segunda Parte
Las protestas iniciadas después de la muerte de Trujillo se fueron incrementando y con el tiempo se convirtieron en violentas y sindicadas de manera despectiva, por los periódicos El Caribe y La Nación,como “turbas”. Antes, cuando los que protestaban incendiaron a Radio Caribe, el 7 de julio, ya el Fiscal del Distrito había bautizado a los manifestantes con ese calificativo. “Las turbas”, como se conocieron popularmente, se convirtieron en pobladas, movimientos de protestas  populares que tomaron auge en julio de 1961 para enfrentar a los calieses y a personas conocidas por sus actuaciones contra los opositores o por sus vínculos con la dictadura. Adolecían de una clara y compacta dirección, aunque en ellas estaban implicados los partidos de izquierda y la Unión Cívica. 
Después del 18 de noviembre cuando Ramfis y otros de la familia del sátrapa abandonaron el país,  las “turbas,” atacaron y destruyeron propiedades de los Trujillo y sus colaboradores.  Estos movimientos, que se sucedieron  hasta finales de enero de 1962,  integraban a personas de todas las clases sociales: obreros, estudiantes, profesionales, chiriperos y residentes en los barrios populares, decididos a impedir la prolongación de la dictadura trujillista. También se llegó a decir que estuvieron motivadas por funcionarios y militares de la misma dictadura, interesados en saquear las propiedades y quedarse con bienes de los que abandonaron el país.
El saqueo, la destrucción de los símbolos de la tiranía tomó fuerza en una segunda etapa a partir del domingo 19 de noviembre, cuando el pueblo se enteró de la salida de la familia del sátrapa. Aquel día, los más destacados calieses y miembros del SIM abandonaron sus casas y barrios y salieron del país o se ocultaron para evitar la represalia de la población enaltecida.
En muchos casos, antes de que las pobladas llegaran hasta las puertas de las residencias de lujos de los trujillistas, ya militares y funcionarios habían cargado con las cosas más valiosas dejadas por sus propietarios en ellas. El periodista Juan José Ayuso, en una crónica preparada para la revista Ahora de agosto de 1962, refiriéndose a esas acciones, dijo:  “en la capital, se realizó un exhaustivo saqueo en esos lugares.  Joyas, objetos de valor, dinero en moneda dominicana y armas blancas y de fuego, fueron tomadas por los miembros de las Fuerzas Armadas que llevaban la cabeza en los saqueos. Lo que encontraron los grupos de gente humilde fue bien poco. Algunos pesos, joyas de baratija y objetos varios. Esto motivó que  “las turbas”, sintiéndose defraudadas, arrancasen los marcos de puertas y ventanas, losetas de cuartos de baños, grifos y hasta mosaicos de pisos, cargando con ellos en represalias”.
Ese tipo de protesta que pareció disminuir en noviembre de 1961 con la salida de los familiares de Trujillo, se combinó con otros tipos de movimientos, como por ejemplo la huelga del transporte público que se prolongó por 11 días,  entre el 14  y el 25 de noviembre. Los Trujillo salieron definitivamente el día 18 de ese mes; pero los huelguistas y manifestantes esperaban que también lo hiciera el doctor Joaquín Balaguer, quien hizo lo imposible para permanecer como presidente, aunque para ello tuvo que aceptar la participación en su gobierno de los sectores implicados en la muerte de Trujillo. 
Los cívicos y el PRD comenzaron a entenderse con Balaguer: 
En el proceso de democratización que se estaba viviendo en República Dominicana después de la muerte del sátrapa, la participación de los partidos pasaba por la búsqueda del consenso favorecido por los Estados Unidos y del agrado del presidente Balaguer. Ambos, veían al Movimiento 14 de junio y al Movimiento Popular Dominicano como obstáculos para el acuerdo perseguido con la finalidad de que se formara un gobierno con representación de la Unión Cívica Nacional y del PRD; pero bajo el control de Joaquín Balaguer.  Estaba en el tapete, en los temas coincidentes, la convocatoria a elecciones generales en mayo de 1962.
Ese acercamiento político no estaba exento de tensiones, pues la Unión Cívica acusaba directamente al doctor Balaguer de  patrocinar los actos de violencia escenificados por los calieses y el Servicio de Inteligencia Militar contra la oposición; replicando el presidente que él estaba haciendo esfuerzos para establecer en el país un régimen honesto, de fisonomía civil y de principios democráticos representativos, y que en caso de que se dieran actos de violencia, él los consideraba como excesos de los miembros de seguridad, por lo que estaba dispuesto a utilizar al ejército para imponer el orden. En cuanto a la denuncia de que se estaba cancelando de sus trabajos a opositores al régimen, el mandatario justificó esa medida diciendo que los empleados del gobierno no podían ser miembros de otro partido que no fuera el Partido Dominicano (PD), y que si alguien quería inscribirse en la UCN u otra  organización tenía primero que renunciar a la condición de servidor público.
Por su parte, el MPD, con muchos de sus dirigentes encarcelados y deportados, acusados de violar la ley anticomunista del 13 de julio aprobada a raíz de la quema de Radio Caribe, dirigió una carta al presidente Balaguer exigiendo el cese de la persecución política y  argumentando que ellos no eran de ideología comunista; exponiendo su programa político:  que su lucha era por los derechos humanos, por la industrialización del país, la nacionalización de las empresas extranjeras de servicios, la extirpación del hambre y la miseria. Además, por una reforma integral de la educación, el fomento de viviendas para los campesinos, el mantenimiento de la independencia nacional y la autodeterminación, así como por la instauración de un gobierno democrático que estableciera relaciones diplomáticas con todos los países y que impulsara la reforma agraria.
Las relaciones de la oposición con el gobierno, auspiciadas por la OEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se habían resquebrajado desde antes de la salida de los Trujillo. Desde el mes de agosto de 1961, algunos  sectores trujillistas  prefirieron aplicar una línea dura para permanecer en el poder y aunque el doctor Balaguer y la UCN se reunieron el día 4 de agosto, la situación se deterioró con rapidez a partir del día 5, cuando las fuerzas policiales irrumpieron en las sedes de la UCN y del Movimiento 14 de Junio, llevando detenidos a más de doscientas personas,  acusándolas de poseer armas de fuego de manera ilegal. Ese mismo día la UCN se quejó de que sus miembros estaban siendo apresados,  mientras la violencia oficial arropaba las principales ciudades del país.
Protestas contra represión:
Los hechos más sangrientos del mes de agosto ocurrieron  en la región del  Cibao, cuando la UCN realizaba una manifestación política en Santiago de los Caballeros.  En los días anteriores a ese mitin, el Partido Dominicano publicó decenas de espacios pagados pidiéndole a  sus miembros alejarse de las actividades públicas de la oposición, para que no los implicaran en lo que iba a pasar, ya que ellos tenían informaciones—decían sus dirigentes—de que las mismas iban a ser supuestamente atacados por los partidos que los organizaban para luego acusar al gobierno; pero se realizaron las manifestaciones y todos vieron a los policías, calieses y miembros del SIM apresando y disparando a matar.
En el mitin de Santiago del 22 de agosto resultaron muertos seis miembros de la UCN, entre ellos Pedro Clisante y Mario Erasmo Bermúdez. Esto provocó que Monseñor Elíseo Pérez Sánchez protestara públicamente por los atropellos cometidos por los trujillistas y policías. La respuesta de la  oposición fue  la protesta pública en todos los pueblos y la amenaza de que  pedirían la intervención militar de los Estados Unidos.
La represión a los movimientos  de protestas, la prohibición anunciada por Balaguer el 8 de agosto, de que no iba a  permitir el regreso de los exiliados que llegaran desde Cuba, y el  llamado a los dirigentes del MPD para que solicitaran sus  pasaportes y se marcharan del país, además de que la Policía  mantendría  a los comunistas alejados del escenario político durante el periodo de transición, dejaban claramente establecido los propósitos del gobierno. Las protestas pusieron en peligro el proceso de transición diseñado por Balaguer y Ramfis y obligó a que se pusiera en libertad a 44 de los prisioneros que estaban acusados de complicidad en la muerte de Trujillo, en su mayoría familiares de los héroes del 30 de Mayo.
En cuanto a la actitud de la Organización de Estados Americanos en la coyuntura, esta anunció que enviaría técnicos electorales para monitorear el proceso que debía desembocar en mayo de 1962,  y los Estados Unidos mostraron interés en que se investigaran los hechos violentos sucedidos en agosto y  apoyaron a la OEA en las gestiones de acercamiento entre el gobierno y la oposición. En el marco de ese clima de inestabilidad, el doctor Balaguer amenazó con renunciar a la presidencia el 24 de agosto, en caso de no recibir el apoyo del Congreso Nacional al “proceso de democratización” y a las elecciones de mayo de 1962, en las que mostraba interés en ser el candidato representante del sector trujillista. Pero públicamente decía que él, ni miembros de la familia Trujillo tenían interés en participar en ese certamen.
Los estudiantes controlaron la Calle Espaillat:   
El gobierno de Ramfis Trujillo y Balaguer fue estremecido con el auge alcanzado por las protestas a partir del 20 de octubre de 1961, cuando decenas de estudiantes de la Universidad de Santo Domingo (USD) controlaron y declararon “zona libre” las inmediaciones de la calle Espaillat en la zona colonial y la barriadaa de Ciudad Nueva, demandando la salida de los familiares de Trujillo y el fin de la dictadura.
Los incidentes se iniciaron el martes 17 de octubre  en la Universidad, después que en manifestaciones realizadas en el campus los estudiantes comenzaron a destruir  las estatuas, retratos y placas que recordaban al tirano muerto. Esto provocó la intervención policial cercando el centro de estudio, presionando para que los universitarios abandonaran el recinto educativo, lo que se logró por la intervención del profesor Castaño Espaillat  quien convenció a los protestantes para se marcharan y evitaran una desgracia, ya que la Policía amenazaba con penetrar al lugar de manera violenta. Los protestantes accedieron y  más de mil se dirigieron al centro de la ciudad, siendo perseguidos y dispersados por la policía, mientras que el gobierno procedió a la suspensión de todas las actividades y al cierre de la Academia.
Los manifestantes tomaron bajo control el sector de Ciudad Nueva y lo declararon  “territorio libre”. El  19 de octubre en la tarde, los protestantes reforzados por jóvenes estudiantes de la Escuela Normal y de los barrios pobres, tomaron el control de la calle Espaillat  y ocuparon las azoteas de los edificios, rechazando a pedradas y con otros objetos la presencia de los policías que dispararon intentando controlar a los estudiantes.
El 20 de octubre en horas de la tarde la policía colocó alambradas de púas para impedir la solidaridad con los protestantes y  al caer la tarde penetró en la zona, ocupando la calle Espaillat y otras aledañas con un saldo trágico de diez estudiantes muertos y 50 heridos; pero sin impedir que las protestas se extendieran  por toda la ciudad de Santo Domingo, que todavía llevaba el nombre de Ciudad Trujillo. Entre los asesinados se encontraban el estudiante universitario Ticio Roldán Vargas Almonte y el obrero José Ignacio Cerda. Los acontecimientos incidieron en  la llegada  de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, el 25 de octubre y nuevas protestas y huelgas se sucedieron reclamando el fin del gobierno de Ramfis y Balaguer.  La UCN y el 14 de Junio solicitaron a la  Comisión de la OEA que visitó el país en esa ocasión, el mantenimiento de las sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen. El mismo día de los acontecimientos de la calle Espaillat, llegó a Santo Domingo el Profesor Juan Bosch, procedente de Curazao, con la intensión de colaborar en el proceso de “paz y convivencia política”.
Joaquín Balaguer intentó prolongar su presidencia: 
El proyecto del doctor Joaquín Balaguer para permanecer como presidente de la República más allá de la salida de los Trujillo, descansaba en el interés de los Estados Unidos en lograr un proceso de democratización sin traumas y para evitar que en el país se estableciera un tipo de gobierno que ellos no pudieran controlar.
Ya en 1960, con las sanciones económicas y diplomáticas  impuestas al país por la Organización de  Estados Americanos, Trujillo tenía al doctor Balaguer  como su posible “sustituto,” pues a este no se le implicaba directamente en los crímenes de la dictadura.  Por esta razón, aunque el pueblo exigía la salida de él y de los Trujillo, la OEA y los Estados Unidos sólo insistían en la salida de los primeros.  El que fue presidente “títere” tomó el control absoluto del gobierno en medio de  protestas callejeras, huelgas y la presión internacional y la presencia de embarcaciones  de guerra americanas ancladas frente al Malecón de la Capital. La incapacidad de Ramfis y Balaguer para detener la crisis de gobernabilidad provocó la renuncia del hijo del tirano como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 14 de noviembre. Ese día los Estados Unidos pidieron a la OEA el levantamiento de las sanciones contra el país, como un gesto de aliento al gobierno del abogado de Navarrete.
El crimen de la Hacienda María:
Los implicados en el ajusticiamiento del dictador Rafael L. Trujillo, fueron  Amado García Guerrero, Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadhalá, Huáscar Antonio Tejeda Pimentel, Pedro Livio Cedeño, Roberto Rafael Pastoriza Neret, Luis Manuel Cáceres Michell, Modesto Eugenio Díaz Quezada, Antonio Imbert Barreras, y Luis Amiama Tió.  García Guerrero fue asesinado el 1 de junio en la Avenida San Martín mientras que Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz  murieron el 4 de junio en  la Avenida Independencia, en enfrentamientos con oficiales del Servicio de Inteligencia Militar (SIM).  Sólo salvaron las vidas  y no fueron apresados, Luis Amiama Tió y Antonio Imbert Barrera.
Los demás implicados fueron apresados y encarcelados en la cárcel de La Victoria y luego asesinados en la Hacienda María, propiedad del tirano, al caer la tarde del 18 de noviembre de 1961. Antes, habían sido trasladados a la finca del tirano, por orden de Rafael L. Trujillo hijo (Ramfis) y con la finalidad de asesinarlos en venganza por la muerte de su padre.
Los seis héroes asesinados ese día fueron Pedro Livio Cedeño, Modesto Díaz, Luis Manuel Cáceres, Huáscar Tejeda, Salvador Estrella Sadhala, y Roberto Pastoriza. De aquel crimen fueron acusados, de acuerdo al proceso de extradición  iniciado a finales de noviembre del mismo año  y en el que actuó como Juez de Instrucción el doctor Fernando A. Silié Gatón, los militares: Américo Dante Minervino Matías, Rafael Antonio Palma (Frillo), Manuel Ramón  Rivas Viñas, Gilberto Sánchez Rubirosa,  Luis José de León Estévez, Héctor B. Trujillo Molina, José Arismendi Trujillo Molina, Federico A. Cabral Noboa, Rafael Leonidas Trujillo hijo, Fernando A. Sánchez hijo, Ciriaco de la Rosa, Emilio Estrella Mayeta, Zoilo Hernández, Francisco Villeta Delgado,  Luis  Saillant,  y Francisco Antonio Marte Tejada.
Ramfis Trujillo y sus amigos más cercanos, oficiales de la policía y miembros del Servicio de Inteligencia Militar, se asociaron para ejecutar la venganza  planificada contra los que ajusticiaron a Trujillo.  El plan se inició con la sustitución del jefe de la cárcel de La Victoria por el Mayor  Américo Dante Minervino, quien el 18 de noviembre  trasladó a los héroes de Mayo a la cárcel del Palacio de Justicia, con el supuesto fin de llevarlo a un descenso judicial al sitió donde murió Trujillo; pero aquello era un engaño con el que se quería cubrir el crimen que se iba a cometer. Desde el Palacio Judicial los prisioneros fueron llevados directamente a la Hacienda María para ser entregado al hijo de Trujillo.
Antes, y para simular que los detenidos  habían escapado, fueron escogidos los presos comunes de la cárcel de “La Victoria”: Félix Calderón, Pedro María Romero Alcántara y Fabriciano de la Cruz, quienes pertenecieron a la agrupación militar conocida como Legión Extranjera y vestidos de policía fueron trasladados al Reparto Isabelita en la carretera que llevaba a Boca Chica, y allí asesinados por Dante Minervino y varios de sus compañeros.
Al tiempo que los héroes eran llevados a la “Hacienda María”, los empleados de la propiedad del “Jefe” fueron sacados de la finca y enviados  a sus hogares con la excusa de que Ramfis y sus colaboradores tenían una “fiestecita con unas muchachas” y no querían que nadie se enterara.
Los héroes del 30 de Mayo comenzaron a ser bajados de la guagua policial por Dante Minervino, quien los entregaba a Sánchez Rubirosa y a Luis José León Estévez quienes los iban entregando al hijo del tirano, que los recibía en una plataforma de concreto al lado de la piscina  y muy cerca del mar.  Aproximadamente a las 7:00 de la noche los seis héroes fueron asesinados: el primero en morir lo fue Pedro Livio Cedeño. Todos recibieron numerosos impactos de balas y sus cuerpos desaparecidos por oficiales de la Aviación Militar Dominicana.
Mientras Ramfis asesinaba a los implicados en la muerte de Trujillo, los presos comunes asesinados en el Reparto Isabelita fueron vestidos de policías y llevados  a la carretera de “La Victoria” en un vehículo de la policía; colocados de modo que pareciera que los que estaban muriendo en la “Hacienda María” se habían escapado cuando eran llevados al Palacio de la Justicia, recibiendo la ayuda de personas amigas. Con ese fin, propio de un guion de novela, el vehículo apareció abandonado y con los supuestos policías ya muertos,  en una guagua de las llamadas “Perreras” que presentaba perforaciones de balas.
Aquel sábado 18 de noviembre cuando ya la noche tendía su manto sobre la provincia de San Cristóbal,  Rafael Leonidas Trujillo Martínez (Ramfis),  Luis José León Estévez, Sánchez Rubirosa y cercanos familiares y colaboradores de Ramfis,  se embarcaron en el  “Yate Presidente Trujillo” que se encontraba anclado en el puerto de Haina y se marcharon al extranjero. En la presidencia de la República Dominicana quedó el doctor Joaquín Balaguer, quien había sido vicepresidente desde 1957 y a partir de agosto de 1960, con la renuncia de Héctor  Bienvenido Trujillo y por instrucción de Trujillo, ocupaba de manera simbólica la presidencia de la República.  Con la salida al extranjero de la familia Trujillo se iniciaba la segunda etapa del proceso de democratización de la República Dominicana.
Los Trujillo se marcharon del país:
Las presiones para la salida de los Trujillo se acentuaron a partir del 15 de noviembre con una huelga de choferes, paralización de los empleados de Obras Públicas, el cierre del comercio, los preparativos para cerrar las escuelas y conflictos entre los mandos militares. El domingo 19 de noviembre  el General Pedro Rafael Rodríguez Echevarría se pronunció en la Base Aérea de Santiago de los Caballeros en contra del sector trujillista y en apoyo del presidente Balaguer. El día anterior, después de asesinar a los héroes de Mayo, Ramfis y sus familiares salieron del país. De inmediato el doctor Balaguer designó al General de Brigada Félix Hermida hijo Jefe de Estado Mayor de la Aviación Militar,  al General de Brigada Luis Román como Jefe del Ejército, y el Brigadier Pedro R., Rodríguez Echevarría como Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto,  aviones de guerra lanzaron volantes proclamando el apoyo de la Fuerza Aérea al gobierno de Balaguer. En las calles de Santiago se escuchaban disparos y las oficinas públicas y el comercios cerraban sus puertas; en la capital se vivía en una tensa situación y era común ver la alegría de la gente y el pánico en las caras de los calieses y sus familiares quienes empuñando armas y nerviosos, buscaban la forma de escabullirse.
En ese ambiente, el presidente Balaguer se dirigió por radio y televisión al pueblo dominicano para informarle sobre las contradicciones internas dentro de las Fuerzas Armadas, que habían llevado el país al borde de una “guerra cruel”,  y que existía la posibilidad de una intervención militar de los Estados Unidos. En el discurso pidió que todos los sectores se unieran en torno a su gobierno, y decretó de inmediato un “estado de emergencia nacional.”  Su nuevo gobierno contó con el apoyo público del Partido Dominicano. La salida fue de agrado para la OEA y los Estados Unidos, pero ese mismo día el diario oficialista La Nación, sin proponérselo, trajo la consigna para las nuevas luchas.  Las Consignas a partir de ese día fue “Libertad para Navidad”, en el entendido de que Balaguer significaba la continuidad de la dictadura.
Medidas de gobierno de Balaguer:
El 19 de noviembre de 1961 se inició el periodo de gobierno que va a finalizar el 18 de enero de 1962, cuando el doctor Joaquín Balaguer, asediado por las protestas contra su gobierno, decidió recluirse en la Nunciatura Apostólica. Entre los más importantes compromisos de Balaguer con la Organización de Estados Americanos, los Estados Unidos y la oposición, se encontraban la convocatoria a elecciones libres en mayo de 1962, impulsar reformas económicas, democratizar el país y desmontar la estructura represiva del régimen de Trujillo.
Entre las medidas tomadas durante los sesenta días su mandato se decidió la  restitución  del antiguo nombre de la ciudad de Santo Domingo que desde 1936 era oficialmente llamada Ciudad Trujillo; decretó el toque de queda a partir de las 6 de la tarde  en todo el país, ya que  las protestas continuaban y  a iniciativa de la Asociación de Abogados se estaba organizando una huelga general que comenzó el 27 de noviembre y  termino el 9 de diciembre, bajo la consigna de los cívicos y catorcistas  de “Navidad con Libertad” y “Navidad sin Balaguer”.
Las autoridades recurrieron a la ley de amnistía No. 5683, la cual había sido promulgada el 18 de mayor de 196l, para liberar a todos  los presos políticos, en especial a los que todavía quedaban detenidos por la muerte de Trujillo; además se pasaron 35 empresas que habían pertenecido a Trujillo, a la administración del Estado dominicano.
En este período, presionado por las protestas de los universitarios, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de autonomía universitaria, la que Balaguer promulgó el 8 enero de 1962. Desde entonces el alto centro de estudios lleva por nombre “Universidad Autónoma de Santo Domingo”. También, el 28 de diciembre de 1961, Balaguer anunció la desintegración del Partido Dominicano, instrumento de control  ideológico y político de la dictadura,  y dos días antes de terminar el año designó un gobierno colectivo con el nombre de Consejo de Estado.

Tercera parte

La salida de los Trujillo hacia el exilio, el 18 de noviembre de 1961 y la esporádica revuelta de oficiales de la Fuerza Aérea, permitieron al doctor Balaguer el aparente afianzamiento de su gobierno y apresurar las negociaciones con los partidos de la oposición, que presionaban ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para que las autoridades dominicanas tomaran medidas que facilitaran el clima de libertad que se comenzaba  a vivir.
El 21 de noviembre llegó desde Washington una nueva comitiva de la OEA con el fin de investigar la situación política nacional y tratar con el gobierno los problemas que  días antes habían denunciado Viriato Fiallo y Manolo Tavárez Justo; los líderes de la Unión Cívica Nacional y del Movimiento Revolucionario 14 de Junio que visitaron los Estados Unidos. Los miembros del organismo internacional visitaron al presidente Balaguer en su despacho el día 22, mientras buques de guerra americanos se encontraban en la costa dominicana en actitud abiertamente intervencionista.
Mientras tanto, los principales dirigentes de la UCN, del 1J4 y del Partido Revolucionario Dominicano se entrevistaron en Palacio con el doctor Balaguer y presionaron la formación de un gobierno provisional,  buscando una solución de consenso a la crisis política que se vivía, a la vez que convocaron a una huelga general que se inició el día 27 noviembre y que finalizó el 9 de diciembre.  Los titulares del periódico gobiernista La Nación, permiten  apreciar la situación que se vivió en medio del paro general: “El presidente Balaguer lucha contra la huelga general”, “Huelga paraliza capital; tropas patrullan las calles”, “Usa bombas lacrimógenas contra manifestantes hoy”, “Fuerzas Armadas disparan para contener las turbas”, “Capital dominicana sigue agitada 3er día de huelga”, “dispersan turbas frente al palacio nacional hoy”, “Doctor Tavárez Justo cree gobierno encara resultados de huelga”.
El Consejo de Estado:
El 17 de diciembre la huelga llegó a su fin, con el compromiso del presidente de que los partidos de oposición participarían en la formación de una junta de gobierno integrada por ciudadanos eminentes, respetados en todo el ámbito nacional por sus virtudes cívicas. Ese gobierno, dijo Balaguer, permitiría la transición pacífica del  sistema totalitario a otro de democracia representativa, lo que de inmediato fue apoyado por varias instituciones y gremios profesionales, pero reclamando a Balaguer la pronta ejecución de lo acordado.
La movilización popular y la presión internacional obligaron a una salida de consenso pactada entre las fuerzas cívicas y los remanentes del trujillismo. Un  Consejo de Estado integrado por siete miembros y encabezado por el doctor Joaquín Balaguer gobernó República Dominicana a partir del 1 de enero de 1962, con carácter de gobierno provisional, comprometiéndose con las reformas democráticas. De esa manera miembros prominentes de la UCN pasaron a ser parte del Consejo de Estado. A él se integraron Rafael F. Bonnelly como primer vicepresidente; Eduardo Read Barrera, segundo vicepresidente, y  Monseñor Eliseo Pérez Sánchez,  Nicolás Pichardo, Luis Amiama Tió y Antonio Imbert Barrera, como miembros. Tanto Imbert  como Amiama estaban implicados directamente en la muerte de Trujillo. La formación del gobierno colectivo, que evidentemente favoreció a quien había acompañado al dictador desde la presidencia, permitió que la Organización de Estados Americanos levantara, el 4 de enero de 1962,  las sanciones económicas y diplomáticas que pesaban contra el país desde el 20 de agosto de 1960; pero esto no logró detener las protestas callejeras con las que el pueblo exigía que Balaguer abandonara la presidencia. Las consignas retumbaban en las calles contra la permanencia de Balaguer en el gobierno, desde las últimas semanas de diciembre: “Balaguer, Balaguer, muñequito de papel”; “Navidad con libertad” y “Navidad sin Balaguer”, y en enero de 1962 se convirtieron en clamor nacional.
El Consejo de Estado promulgó la  ley de autonomía universitaria el 8 de enero de 1962, a la que Balaguer se oponía personalmente. Además, el Consejo inició la “destrujillización” de la sociedad, plan con el que supuestamente se intentaba borrar la simbología de la dictadura; se expulsó del cuerpo diplomático a los que  públicamente se habían destacados como seguidores del tirano  y se dio inicio al proceso de confiscación de los bienes de los Trujillo. Además, fueron restablecidas las relaciones con los Estados Unidos,  suspendidas desde 1960.
Los tres días de gobierno de Rodríguez Echavarría: 
La situación de crisis no cedió ni siquiera en los días navideños y el 16 de enero de 1962 se ampliaron las protestas en todo el país. Dentro de las Fuerzas Armadas, grupos que parecían antagónicos se encaminaban a favorecer salidas políticas.  La situación resultó crítica cuando tropas de la Aviación Militar Dominicana reprimieron una manifestación que se efectuaba en el Parque Independencia, frente al local de la Unión Cívica Nacional. La acción represiva en la que fueron utilizados tanques de guerra y tropas militares, además de policías, dejó un saldo de cinco muertos y veinte heridos, provocando protestas callejeras en las que se reclamaba la renuncia del doctor Balaguer y  la destitución del Mayor General Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, a quien se sindicaba como responsable de la medida de fuerza; pero la orden criminal había procedido del presidente de la República.
La situación fue parcialmente controlada cuando se dispuso el toque de queda a partir de las 6:30 de la tarde de aquel día. En horas de la noche del 16 de enero el General Rodríguez Echavarría ejecutó un golpe de Estado contra el Consejo de Estado (Rafael F. Bonnelly acusó a Balaguer de intentar un autogolpe) y formó una  Junta Cívico-Militar, presidida por Huberto Bogaert e integrada por Armando Oscar Pacheco, Luis Amiama Tió, Antonio Imbert Barreras, Contralmirante Enrique Valdez Vidaurre, y el Coronel Neit Rafael Nivar Seijas. La asonada militar terminó por poner fin al  liderazgo del doctor Balaguer en el Consejo de Estado, quien se refugió en la Nunciatura Apostólica  la noche del 20 de enero, permaneciendo en condición de asilado hasta el 7 marzo de 1962 cuando salió hacia Puerto Rico.
Un nuevo Consejo de Estado pero sin Balaguer:
La crisis política y  las protestas no finalizaron con la acción golpista del mayor  general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, por el contrario a partir del día 18 de enero se inició un movimiento de resistencia popular contra la Junta Cívico-Militar que este había juramentado el 16 de enero. La reacción popular se manifestó a través de la renuncia masiva de los  funcionarios y empleados de la administración pública y la paralización de las actividades sociales y económicas en todo el país, mientras sectores militares se rebelaban y ejecutaban un contragolpe contra el efímero gobierno de Rodríguez Echavarría, quien salió deportado del país en la mañana del 7 de marzo de 1962.
El  viernes 19 de enero  el país amaneció con un nuevo Consejo de Estado integrado por miembros destacados de la Unión Cívica Nacional,  presidido por el abogado Rafael F. Bonnelly, el doctor Donald J. Read Cabral, Nicolás Pichardo, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Eduardo Read Barreras, Luis Amiama Tio y Antonio Imbert Barrera.
En marzo de  1962 el Consejo de Estado entró en crisis cuando Read Barreras renunció, siendo su lugar ocupado por el doctor José A. Fernández Caminero, quedando el nuevo gobierno integrado de la siguiente forma: Rafael F. Bonnelly como presidente; Víctor Elbys Viñas Román, Secretario de las Fuerzas Armadas, Ángel Severo Cabral en Agricultura, Antonio Rosario en Trabajo, Mario Penzo Fondeur en Obras Públicas, Edmundo Batlle Viñas en la Secretaria para la recuperación de los bienes, Eduardo García V., Procurador General, Ramón Tapia Espinal en Industria y Comercio, Hostos Fidel Fernández Naranjo en Salud y Previsión Social, Germán Ornes en Educación, José A. Bonilla Atiles en Relaciones Exteriores y M. Tabaré Álvarez Pereyra Secretario de Interior y Policía.
Entre las principales medidas adoptadas por el gobierno presidido por Bonnelly sobresalieron: el cambio de los billetes de banco de moneda nacional de 50, 100 y 1,000 pesos. Se pusieron en circulación billetes de bajas denominaciones de 5, 10 y 25 centavos, y se creó la Dirección Nacional de Seguridad, que reemplazó la Agencia Central de Información, remedo de lo que fue el Servicio de Inteligencia Militar. Se promulgó la ley de Emergencia número 5819 del 20 de febrero, para permitir la deportación de todo el que fuera acusado de actividades subversivas, como sucedió con Miguel A. Paulino y otros ex oficiales de las Fuerzas Armadas. Esta ley fue denunciada por Manolo Tavárez Justo como parte de un plan del gobierno y de los trujillistas para dividir las fuerzas populares, y fue una de las medidas impuestas por los Estados Unidos como condición para el país recibiera un préstamo de 25 millones de dólares. Tavárez Justo denuncio además, la existencia de una lista preparada por autoridades americanas en la que aparecían los nombres de las personas que no podían vivir en la República Dominicana.
A través de las leyes  5834 y 5836 de principios de marzo,  se inició el proceso de recuperación y confiscación de los bienes de los Trujillo; pero el 8 de marzo se reiniciaron  las protestas contra el gobierno en repudio por haber permitido la salida de Joaquín Balaguer al extranjero sin que fuera juzgado en el país.  En esa ocasión los manifestantes atacaron los locales de la Unión Cívica Nacional y del Partido Revolucionario Social Cristiano, colaboradores del Consejo de Estado.
En relación al gobierno de los Estados Unidos, representado por su nuevo embajador John Bartlow Martin desde el 9 de marzo, el Consejo presidido por Rafael F. Bonnelly firmó el acuerdo para la implementar del programa de cooperación y ayuda en las Fuerzas Armadas. Además, el  Consejo de Estado obtuvo un préstamo financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), contemplado en el programa de la Alianza para el Progreso, de 25 millones de dólares. También inició la repartición de tierras entre los campesinos pobres en la hacienda Juma de Bonao y se firmó un acuerdo con la Alianza para el Progreso para asentar familias campesinas de Juma, Caracol y   La Vega.
El país ingresó como miembro a la Comisión Interamericana de la OEA y obtuvo el favor de los Estados Unidos, con la asignación de una cuota azucarera de 350 mil toneladas; la más importante obtenida por la nación hasta ese momento y además logró que las autoridades norteamericanas devolvieran a la República Dominicana unos 23 millones de pesos que fueron retenidos a consecuencias de las sanciones económicas de 1960. Descontando las medidas económicas apadrinadas por los americanos, la más importante del período fue la organización de las elecciones generales del 20 de diciembre de 1962.
La coyuntura electoral de 1962:
Cuando a mediados de julio de 1962 la Unión Cívica dejó de ser movimiento patriótico para convertirse en Partido, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio también hizo lo mismo. Entre los líderes del partido de izquierda se encontraban Miguel Vásquez Fernández, Tomas Josué Erikson, Félix Echavarría, Manuel Baquero Ricart, José Fernández Caminero y Ramiro Alfredo Manzano Bonilla.  El 1J4 rechazó la integración de sus miembros en la UCN aunque dio libertad de cooperación con ese partido, pero sin compromisos. Además, debido a las acusaciones de comunistas de que eran objetos, se desligaron de esa ideología, planteando que tenían fe en la democratización, y que rechazaban las doctrinas extremas y la violencia.
En la medida que los sectores políticos participaban de la campaña electoral, las protestas fueron perdiendo intensidad, aunque en los meses de julio y septiembre de 1962 se realizaron algunas huelgas de trabajadores de ingenios de la región Este; pero todos los sectores tenían puesta su atención en el certamen electoral.  Con ese fin, la primera agrupación política en inscribir sus candidatos en la Junta Central Electoral lo fue el Partido Revolucionario Dominicano. El 10 de marzo el Profesor Bosch salió del país en forma inesperada, debido una crisis interna en el PRD, pues un sector exigía la descentralización en la organización. El 22 de marzo fue inscrita su candidatura y el  8 de abril el PRD realizó un recibimiento multitudinario al Profesor Juan Bosch, a su regresó del extranjero.
Por otro lado, seguidores del doctor Joaquín Balaguer, quien se encontraba en el exilio,  impedido de ingresar al país debido a la ley antitrujillista no.5880, del 3 de mayo de 1962, decidieron organizar el Partido Revolucionario Dominicano Autentico, dirigido por Nicolás Silfa. Esta agrupación y el Partido Acción Social presentaron al expresidente como candidato a la presidencia, lo que creo un gran revuelo. Nicolás Silfa fue detenido por violación a la ley que sancionaba las actividades trujillistas, quedando descartada la candidatura del doctor Balaguer.
Entre los partidos existentes al momento de las elecciones generales se encontraban: la Alianza Social Democrática, con el liderazgo de Juan Isidro Jimenes Grullon; el Movimiento Revolucionario 14 de Junio encabezado por Manuel Aurelio Tavárez Justo;  Movimiento Popular Dominicano, dirigido por Máximo López Molina; el Partido Nacional con Virgilio Vilomar, y el Partido Nacional Revolucionario Dominicano, dirigido por Miguel Ángel Ramírez y Virgilio Mainardi como candidato. También actuaban en la política de entonces: el Partido Socialista Popular (PSP), dirigido por Juan Ducoudray; el Partido Nacionalista Revolucionario (PNR), dirigido por el Profesor Dato Pagan Perdomo y Corpito Pérez Cabral; Vanguardia Revolucionaria Democrática (VRD), de Horacio Julio Ornes,  y la Unión Cívica Nacional, que llevó como candidato a la presidencia al doctor Viriato A. Fiallo. El Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), presentó como candidato al doctor Alfonso Moreno Martínez.
Los preparativos de los grupos políticos para participar en las elecciones se iniciaron en medio de un clima de inseguridad  y conflictos diplomáticos.  El 8 de marzo fueron atacados  los locales de la UCN y el PRSC y el 22 el local del PRD, mientras que las relaciones entre República Dominicana y Haití se tornaron tensas debido a que en el territorio  haitiano, se decía, se estaban concentrando allegados a la familia Trujillo, interesados en la posibilidad de un golpe de Estado en República Dominicana.  Desde el 31 de marzo comenzaron los desórdenes callejeros y tiroteos en San Cristóbal, Puerto Plata, y la Capital, con un saldo de varios heridos y detenidos. El 23 de abril fueron detenidos varios oficiales y acusados por el Consejo de Estado de organizar un complot para derrocarlo.  La prensa publicó que entre los detenidos estaban el Coronel Raimundo Polanco Alegría, el Teniente Manuel Durán Guzmán y el Teniente Fausto Cabrera Felipe.
La situación se hizo más tensa  cuando el Profesor Bosch denunció, el 24 de abril, que existía un complot preparado por los trujillistas, en el que estaban implicados civiles y militares del bando balaguerista; esto provocó que se apresara a un grupo de supuestos conspiradores entre los que estaban Rafael Vidal Torres y Víctor Garrido.
La crisis pre electoral, que evidentemente se reflejaba a lo interno del Consejo de Estado y de la Unión Cívica Nacional, fue acompañada de una declaración del embajador americano en la que recordaba que los Estados Unidos respaldaban la transición hacia la democracia de la República Dominicana. En aquellos días, el intelectual Juan Isidro Jimenes Grullón renunció de la Unión Cívica Nacional para formar su propia organización. La UCN retiró por algunos días su apoyo al Consejo de Estado, acusándolo de no cumplir los acuerdos firmados.
Al final las elecciones fueron celebradas en la fecha prevista, el 20 de diciembre de 1962, polarizándose la votación entre las dos principales partidos políticos del momento; la Unión Cívica Nacional y el Partido Revolucionario Dominicano. Juan Bosch, candidato perredeista derrotó a Viriato A. Fiallo de la UCN, y aunque se dieron algunas situaciones preocupantes, como la “matanza de Palma Sola” del 28 de diciembre del mismo año, y un supuesto complot para evitar la toma de posesión de Juan Bosch, denunciado por el PRD el 24 de enero de 1963, el líder de ese partido ocupó la primera magistratura a partir del 27 de febrero de 1963, concluyendo así el intenso período de transición entre la dictadura y la democracia en la República Dominicana.

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